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Blog - Voces estudiantiles
2 Febrero 2022 / Por Saraí Elizondo

La última pieza del dominó

Una crónica desde adentro del conflicto en el CIDE

Hace poco menos de seis meses, mi abuelo no podía memorizar lo que significaban las siglas del CIDE. “Centro de Investigación y Docencia Económicas, abuelo”, le recordaba en cualquiera de mis visitas a Michoacán. Sin embargo, en últimas fechas, lo recuerda mucho mejor, pues los medios de comunicación no dejan de recordarle que el lugar en el que estudio atraviesa la crisis más profunda que ha enfrentado desde su fundación.

El CIDE, antes que cualquier cosa, es una institución de educación pública. En estricto apego a su definición, es una paraestatal: uno de los 26 centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) que, si bien coopera a los fines del Estado, no es formalmente parte de la administración pública federal como una dependencia gubernamental cualquiera. Actualmente, el Centro ofrece cuatro licenciaturas, seis maestrías y tres doctorados, además de contar con diversos departamentos académicos en materia de estudios políticos, jurídicos y económicos. Como diversos profesores y académicos han señalado, el CIDE es un fruto de lo público, pues sus estudiantes pagan una colegiatura mínima a cambio de educación superior de excelencia. Es una joya de las ciencias sociales escondida en algún lugar de la Ciudad de México a la que toda su comunidad llegamos casi por casualidad.

Durante los últimos meses, sin embargo, los medios de comunicación nacionales e internacionales se encontraron con el CIDE, aunque el CIDE tiene años de estudiar y proponer soluciones a los problemas de México. Su presencia mediática incluso le curó la amnesia a mi abuelo, un viejo de izquierda reaccionaria, simpatizante del proyecto del Presidente y ávido consumidor de la prensa mexicana. La reconstrucción de los hechos por parte de los reporteros de los distintos medios de comunicación, la contraposición de opiniones en la agenda pública y el uso partidista de nuestra crisis ha generado confusión y diferentes preguntas y respuestas. Entre la diatriba oficialista y la respuesta reactiva de quienes están en contra y a favor de nuestra causa, es difícil entender cuál es el problema y dilucidar un camino concreto hacia la resolución del conflicto.

Hay que empezar por el principio del principio: el CIDE fue fundado en 1973 por Trinidad Martínez Tarragó, una exiliada española formada en la UNAM. Tarragó presentó el proyecto inicial al Secretario del Patrimonio Nacional y al director general del Fondo de Cultura Económica. Básicamente, la idea era una institución de posgrados en economía y ciencias sociales afines que permitiera a los mejores egresados de licenciatura formar una carrera académica[1] y, en consecuencia, contribuir a la solución de los problemas sociales del país. La esencia de su apuesta era la creación de un lugar dedicado a la investigación y la docencia, pues estaba convencida de que su fusión ofrecía mejores posibilidades académicas. Poco después de su presentación, el proyecto se puso en marcha por órdenes de Luis Echeverría.

En los años siguientes, el escenario político mexicano cambió y, junto con ello, el enfoque de muchos economistas del país. Desde su inicio, en el CIDE se enseñaron las diversas escuelas de economía en boga de su época, es decir, al principio se enseñó la escuela de la CEPAL, el estructuralismo, el postkeynesianismo. En los años noventa, naturalmente, la teoría económica neoliberal llegó a sus aulas, al mismo tiempo que la voluntad de preservación de la tecnocracia neoliberal fortalecía al CIDE como institución. Sin embargo, pensar en el CIDE exclusivamente como neoliberal es miope. Tarragó reconoció que “las instituciones son producto del momento histórico que les toca vivir, (...) y la historia es lo que es.” Ahora, como en el pasado, el CIDE cumple exitosamente tanto con el propósito de un centro educativo como con su ambición original: la formación de profesionistas correctamente preparados para retribuir, en alguna medida, lo que este país nos ha dado. Su éxito radica en la modestia de su ambición. Pero hace poco, el funcionamiento institucional ha sido obstaculizado por una serie de atropellos inéditos de quienes deciden, abiertamente, padecer de miopía.

El 31 de julio del 2021, la comunidad del CIDE recibió el aviso de que el Dr. Sergio López Ayllón dejaría la dirección general. Naturalmente, debía sucederle un director interino que ocupara el puesto mientras se concursaba la dirección general permanente. Así fue como llegó a la dirección el Dr. José Antonio Romero Tellaeche, economista de El Colegio de México. Después de una breve presentación con la comunidad estudiantil, Romero Tellaeche comenzó su interinato y poco después, el semestre de otoño de 2021 dio inicio. El concurso para ser director general del CIDE estaba por abrirse y las y los alumnos preguntábamos con insistencia quiénes serían los candidatos para el puesto, pues había rumores de que Romero se postularía para la dirección general.

A la mitad del semestre, el 6 de octubre, Alejandro Madrazo, director de Región Centro en Aguascalientes, fue removido de su cargo. El motivo oficial de la destitución fue la “pérdida de confianza” del director interino, lo cual provocó alarma entre la comunidad docente, principalmente. Poco después de la remoción de Madrazo, la comunidad estudiantil conoció al segundo candidato a director general: el exalcalde de Azcapotzalco, el Dr. Vidal Llerenas. Lo que sabíamos, como comunidad, era que los únicos dos concursantes al puesto de director general eran externos al CIDE y abiertamente simpatizantes de Morena.

Posteriormente, el 16 de noviembre, Cath Andrews, secretaria académica general, fue destituida por llevar a cabo la primera sesión de las Comisiones Académicas Dictaminadoras. La realización de la sesión, estipulada desde el 30 de junio, fue calificada como un “acto de rebeldía” y fue motivo oficial de su despido. Por lo tanto, una comunidad estudiantil lastimada y perpleja comenzó a protestar en redes sociales ante los repentinos despidos y su cercanía con la secretaría académica. Los ánimos de las y los estudiantes comenzaron a agitarse junto con el de las y los profesores.

En un intento por calmar la creciente inquietud, el director interino convocó, primero, a una sesión de diálogo con las y los estudiantes en formato de conferencia. Este formato solo le permitía a Romero Tellaeche responder a nuestras preguntas mediante un moderador y escuchar nuestras voces sin ver nuestras caras. En dicho encuentro, Romero Tellaeche recurrió a la retórica oficialista en la que, básicamente, todo aquello que es “neoliberal” –o que es catalogado como tal–, no vale la pena. Intentó explicarnos que nuestros profesores ganaban salarios desproporcionados y que había que diversificar la planta docente, pues las y los estudiantes “absorbíamos como esponjas” la ideología de quienes nos imparten clases. Naturalmente, es imposible negar la influencia ideológica ejercida en una relación académica, pero reducirnos a ello niega nuestra capacidad de pensamiento crítico y prácticamente anula nuestro derecho a disentir.

Así, el 19 de noviembre se convocó a una marcha afuera de las oficinas del CONACyT, a la que asistieron simpatizantes y miembros de la comunidad. En días posteriores, ya con el ánimo enardecido y cerca del final de noviembre, la comunidad estudiantil comenzó a organizarse y a discutir ideas para los posibles escenarios. Sabíamos que, en los 47 años de vida del CIDE, el papel delegado a las y los estudiantes era el de un actor pasivo que recibía el cambio y contemplaba la mutación institucional. Este nuevo director interino no solo nos veía así, sino que sentíamos que insinuaba conocer mejor que nosotros nuestra capacidad para pensar. Por lo tanto, algunos compañeros organizaron la redacción de un pliego petitorio en el que se exigía la restitución de Andrews, el diálogo abierto y horizontal con la comunidad estudiantil y el apego a las normas institucionales. La respuesta, por supuesto, fue nula.

Así, algunos de los miembros más activos de la comunidad estudiantil propusieron la organización de un paro. En consecuencia, el 24 de noviembre se realizó la primera votación estudiantil para decidir el cese de actividades académicas y la toma de instalaciones de la sede Santa Fe. En la votación se registró una participación inaudita: votaron 424 alumnas y alumnos, que representan el 87 % del alumnado en el CIDE. El resultado obtenido por mayoría de votos fue un paro indefinido, acompañado de la toma de las instalaciones a partir del 29 de noviembre si las exigencias del pliego no eran atendidas.

El 29 de noviembre era importante porque se formalizaría la decisión sobre cuál de los dos concursantes ocuparía el puesto de director general ante la Asamblea General de Asociados, un cuerpo que incluye al CONACyT, el Banco de México, El Colegio de México, el Fondo de Cultura Económica y las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, Educación y Energía. La sesión no fue transmitida en vivo y hay diversas versiones al respecto. Sin embargo, una vez que el Dr. Romero fue ratificado como director general permanente por la titular de CONACyT, un grupo de manifestantes fuera de las instalaciones del CIDE organizamos una asamblea rápida y decidimos, como acordado en las votaciones generales, entrar a recuperar las instalaciones del CIDE Santa Fe. El suceso fue cubierto por diversos medios de comunicación nacionales y locales y así comenzó la intensa presión mediática. Al día siguiente, las y los estudiantes de Región Centro tomaron las instalaciones de la sede Aguascalientes.

La toma de instalaciones fue un hito histórico. Un grupo de egresados, al que progresivamente se sumaron muchos más, instaló un campamento fuera de las instalaciones en apoyo a la toma, pues acordamos que dentro de las instalaciones solo habría estudiantes activos inscritos. Los docentes, por su parte, enviaron toda clase de provisiones para sobrevivir dentro de las instalaciones. Recibimos, además, generosas muestras de apoyo en forma de víveres y artículos de parte de muchos personajes de la vida pública en México. El movimiento tuvo que deslindarse de oportunismos partidistas y hacer énfasis en que nuestro problema es, más que una rebelión contra el actual gobierno, una protesta contra la imposición despótica de autoridad y la pretensión autoritaria de dejar fuera de su gobernanza a una comunidad entera. La defensa de la normativa interna tiene que ver, en realidad, con el consentimiento. Quienes estudiamos y trabajamos en el CIDE deseamos al Dr. Romero Tellaeche fuera de la institución porque no cumple con el requisito elemental para gobernar: la legitimidad, condición indispensable para dirigir a cualquier grupo de personas.

El 4 de diciembre, casi una semana después de la toma, se organizó otra marcha frente a las oficinas de CONACyT, en la que recibimos un apoyo nacional nunca antes visto de toda la comunidad científica y académica. Por lo tanto, el 7 de diciembre, María Elena Álvarez-Buylla convocó un encuentro virtual con la comunidad estudiantil, en el que se comprometió a reunirse con nosotros el 10 de diciembre en las instalaciones del CIDE. La reunión fue pospuesta y los canales oficiales de comunicación CONACyT señalaron a la comunidad estudiantil como directamente responsable de la falta de compromiso, pese a que estábamos dentro de las instalaciones, lo que hacía prácticamente imposible que pudiésemos eludir el acuerdo.

Durante la recuperación de instalaciones, Álvarez-Buylla incumplió con un total de cinco mesas de diálogo: tres en el CIDE, una en CONACyT y una en el Instituto Mora. Por su parte, Romero Tellaeche continuó con la serie de despidos de personal administrativo, reemplazado por sus allegados, quienes no cumplían con los requisitos de los puestos y eran completamente ajenos a la institución. Frente a ello, la comunidad académica organizó la siguiente marcha el 14 de diciembre, esta vez frente al Senado de la República. Allí, algunos miembros de la comunidad fueron recibidos y escuchados por un grupo de senadores de todos los partidos, quienes se comprometieron a contribuir a la resolución del conflicto. Esto incluía, entre otros compromisos, hacer comparecer ante la comisión de educación a la directora del CONACyT y la intervención de la Secretaría de Gobernación como mediador. Tres días después y pese a los acuerdos logrados en la Ciudad de México, las y los compañeros de Región Centro decidieron desalojar las instalaciones de Aguascalientes.

La toma de instalaciones continuó durante el periodo vacacional de la administración pública federal y del CIDE. El 1 de enero entró el Servicio de Protección Federal a reemplazar a los elementos de seguridad privada a cargo del CIDE. Una vez concluidas las vacaciones, la comunidad estudiantil convocó a una segunda marcha hacia el Senado el 13 de enero de 2022. Al mismo tiempo, la cuarta ola de COVID-19 en México alcanzaba más de 90 mil contagios en todo el país y el silencio de las autoridades de CONACyT se volvió cada vez más frustrante. Así, el 15 de enero, la comunidad estudiantil del CIDE decidió abandonar las instalaciones ante el inminente riesgo de contagio y la nula respuesta de las autoridades.

Días después, la comunidad conoció la propuesta a la reforma de los Estatutos Generales del CIDE que, entre otros, incluían la facultad del director general para tomar decisiones sin consultar a los órganos colegiados existentes. De nuevo, esta decisión debía ser aprobada por la Asamblea General de Socios el 24 de enero. Así, ese día se convocó a un mitin afuera del CIDE que esperara los resultados de la votación. Incluso después de una larga lucha de meses, el evidente uso de la mentira política por parte de CONACyT y la presión mediática, solo El Colegio de México y la Secretaría de Economía votaron en contra de la reforma, claramente provocadora, de los Estatutos Generales. Una vez que se le notificaron a la comunidad los resultados de la votación, ésta decidió bloquear ambos sentidos de la carretera México-Toluca, en donde se ubica la entrada principal del CIDE. El motivo del bloqueo fue la exigencia de una respuesta clara ante el cúmulo de evidentes ilegalidades. La comunidad estudiantil y docente está frustrada ante la negativa de escucha, ante la clara arbitrariedad y unilateralidad de las autoridades.

Mi frustración personal nace, sobre todo, de mi incapacidad para entender los motivos por los cuales nadie quiere escucharnos. Me cuesta trabajo entender por qué no pueden atender, como yo lo hice en el CIDE, al abandono de la arrogancia: poner entre paréntesis lo evidente y contrarrestarlo con escepticismo, dudar de la solución única y universal. En un sentido más amplio, no logro entender cómo es que la administración de Álvarez-Buylla no considera que toda decisión política debe ser producto del compromiso, el ajuste y la adecuada premeditación del problema a resolver y que, en cambio, prefiere enemistarse con la comunidad académica y científica del país.

Mi abuelo ya no tiene amnesia. Ahora, cada vez que nos sentamos a comer algún domingo, me pregunta por el avance de la crisis en el CIDE. Aunque celebro que hoy reconozca mi centro de estudios y se sorprenda ante la cohesión de mi comunidad, yo cada día tengo más preguntas sobre la resolución de este conflicto. Aun así, mis compañeras y compañeros tenemos claro que rendirnos ante la arbitrariedad y la ilegitimidad no es opción.

 

 


[1] Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, “Orígenes y creación del CIDE: Testimonio de la Maestra Trinidad Martínez Tarragó, Revista Análisis Económico, no. 43 (primer cuatrimestre de 2005): 347.

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